La decisión política tomada en el 2013 por el Gobierno del PP, rompió el marco de acuerdos adoptado desde 1995 tras el Pacto de Toledo.
Una decisión política que ignora la cohesión social y el bienestar de las personas, poniendo en serio riesgo la existencia de pensiones con un nivel suficiente.
No se puede decir ahora a unos trabajadores y trabajadoras que han estado cotizando y generando
superávit en las cuentas de la Seguridad Social que no hay dinero para todos. No se puede decir a una generación de trabajadores y trabajadoras que aporten, pero que no recibirán pensiones comparables a las que contribuyen a financiar, viendo cómo su pensión, construida con su contribución a lo largo de los años, pierde esa relación al no revalorizarse adecuadamente.
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